El sector de la moto vuelve a encender las alarmas. ANESDOR ha valorado “muy negativamente” la decisión del Congreso de eliminar de la Ley de Movilidad Sostenible la obligación de estudiar una revisión del actual sistema de etiquetado ambiental de la DGT, un movimiento que, según la asociación, deja en un limbo normativo a más de un millón de motocicletas, ciclomotores y vehículos ligeros de la categoría L.
El problema se arrastra desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula las etiquetas ambientales, una norma que no se ha actualizado desde entonces. Mientras que en el sector del turismo no han aparecido nuevas etapas Euro, sí lo han hecho en la categoría L, con las normativas Euro5 y Euro5+. Sin embargo, estas categorías no están contempladas en la regulación actual, lo que provoca que todos esos vehículos —más de un millón en circulación— carezcan de una asignación legal clara.
Según datos COPERT 5.8 (2024), las motos Euro5 y Euro5+ presentan unos niveles de emisiones equiparables a los de los turismos con etiqueta ECO. Pese a ello, actualmente se les asigna la etiqueta C, sin que exista un respaldo normativo que justifique esta clasificación. La paradoja es todavía mayor si se tiene en cuenta que la etiqueta ECO para motocicletas permanece, a día de hoy, desierta.
Esta discrepancia no es solo una cuestión simbólica. Afecta directamente a la circulación en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y al acceso a incentivos y medidas municipales de movilidad, generando una discriminación explícita hacia la moto y hacia el vehículo ligero. ANESDOR insiste en que la Administración tiene capacidad para corregir este vacío legal de manera inmediata, independientemente de la modificación aprobada en la Ley de Movilidad.
La entidad denuncia, además, que la Ley de Movilidad Sostenible “no recoge la particularidad de la moto y sus usuarios en ningún capítulo”, lo que confirma —según el sector— un olvido estructural por parte de las instituciones. Esto ocurre pese a que la motocicleta se ha consolidado como una pieza clave en la movilidad urbana: reduce emisiones, descongestiona el tráfico, requiere menos espacio público y acorta los tiempos de desplazamiento.
José María Riaño, secretario general de ANESDOR, ha sido tajante:
“Desde el sector de la moto y el vehículo ligero solicitamos de una vez por todas una solución para este más de un millón de ciudadanos que se encuentran en vacío legal. No pedimos rectificar todo el sistema de etiquetado ambiental, pero sí un ajuste que incluya a los vehículos Euro5 y Euro5+ y dé seguridad jurídica a estas personas. El olvido de la moto en la Ley de Movilidad Sostenible pone de relieve la discriminación que estos vehículos y sus usuarios sufren por parte de las Administraciones.”
El sector espera ahora que el Gobierno tome cartas en el asunto y revise de urgencia un sistema de etiquetado que, tal como está, ya no refleja la realidad tecnológica ni ambiental de la moto en España.
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